Regula la estructura orgánica y funcional de la judicatura ordinaria de San Andreas. Garantiza el principio de separación de poderes, la doble instancia de recurso (incluso para sanciones del Procedimiento Abreviado) y consagra la absoluta inexistencia de aforamientos y fueros personales.

Consagra la separación absoluta de la labor investigadora frente a la jurisdiccional. Los jueces de San Andreas no instruyen ni investigan las causas; esta labor corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado, encargada de la acción penal pública, recolección de pruebas y la solicitud de enjuiciamiento criminal.

Regula los procedimientos y ritos necesarios para perseguir e instruir delitos. Destaca la inclusión y regulación del Procedimiento Abreviado (Artículo 8), mediante el cual las SASF están facultadas para imponer multas y arrestos inmediatos en caso de flagrante delito, siempre bajo la posterior tutela y revisión de la judicatura garante.

El cuerpo normativo principal que rige las relaciones civiles entre particulares en el Estado de San Andreas. Comprende los contratos, las obligaciones, las reclamaciones económicas, los derechos de propiedad, las relaciones contractuales e institucionales civiles.